Edición #45 · 2026
Del 9 de noviembre al 16 de noviembre
Buenos días,
La semana ha estado dominada por el pulso dentro del CGPJ, que tiene bloqueadas quince plazas del Tribunal Supremo mientras se reparten las comisiones. Para quienes litigan ante los tribunales, lo más práctico es el movimiento en el Supremo: las comparecencias de los 28 aspirantes a la Sala Segunda serán públicas y se retransmitirán en directo, lo que permitirá seguir de cerca el perfil de quien podrá juzgar a los aforados. En el terreno fiscal, el TEAC ha fijado un criterio unificado para los embargos de cuentas bancarias por parte de Hacienda, que conviene revisar en los asuntos de clientes con deudas tributarias. En el turno de oficio, la caída del 14,1% de letrados desde 2020 es el dato que preocupa. Vigilar la próxima semana: las comparecencias del 16 y 18 de noviembre y el desenlace del reparto de comisiones.
Buena semana.
Las novedades
28 jueces optan a la nueva plaza de la Sala Penal del Supremo
La plaza no sustituye a ninguna vacante. El Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, en vigor desde el 10 de julio de 2026, dota dos plazas de magistrado en la Sala 2.ª de lo Penal dentro de las quinientas creadas para la programación de 2026. La que ahora se cubre pertenece al turno general, reservado a jueces de carrera. Aparte, el CGPJ convocó en mayo la plaza del turno de especialistas que deja Juan Ramón Berdugo por jubilación.
Entre los 28 aspirantes hay seis magistrados de la Audiencia Nacional (Eloy Velasco, José Ricardo de Prada, Enrique López, Vicente Rouco, Joaquín Delgado y María Dolores Hernández Rueda) y ocho de la Audiencia Provincial de Madrid. También concurren la presidenta del TSJ de Extremadura, María Félix Tena, y la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz. Nueve de los candidatos son mujeres.
La Comisión de Calificación valora antigüedad, experiencia en tribunales colegiados, producción doctrinal y especialización penal, y eleva su propuesta al Pleno, que nombra por mayoría de tres quintos de los vocales presentes. No hay fecha para la votación. Según Estrella Digital, el Consejo pretende cubrir 16 plazas del Supremo antes de marzo de 2027.
Fuente Estrella Digital · 28 aspirantes a la nueva plaza de la Sala Penal del Supremo
El choque en el CGPJ por las comisiones bloquea 15 plazas del Supremo
El bloque progresista denuncia una maniobra que "entrega el Consejo a la derecha" y la considera una represalia por negarse a negociar conjuntamente comisiones y nombramientos. Preciado lo niega, defiende su propuesta como una "tercera vía" y afirma que hubo tres reuniones previas con el vocal Fernández Seijo, otra vez fuera de la Permanente. Los conservadores sostienen que existía un compromiso de negociar todo a la vez y que los progresistas se descolgaron en el último momento.
Lo que afecta al Supremo: están pendientes 15 plazas, entre ellas ocho de la Sala de lo Penal, y los nombramientos en la cúpula judicial exigen una mayoría reforzada de 13 de los 21 votos, es decir, acuerdo entre ambos bloques. Fuentes de los dos grupos coinciden en que a corto plazo será difícil recomponer la situación y ambos dicen haber recibido del otro solo propuestas "inasumibles". Los conservadores habían optado además por posponer la renovación hasta que hubiera más vacantes y buscar una renovación en bloque, que tampoco parece cercana.
No cambia ningún trámite para quien litiga, pero apunta a un retraso en la cobertura de plazas en el Alto Tribunal.
El CGPJ nombra cuatro jueces sustitutos en seis Tribunales
El nombramiento abarca seis Tribunales de Instancia de la provincia de Zaragoza: Calatayud, La Almunia de Doña Godina, Daroca, Caspe, Ejea de los Caballeros y Tarazona. La resolución no asigna cada profesional a un tribunal concreto: son cuatro nombres para seis sedes, y la asignación efectiva se determina por los procedimientos de llamamiento previstos en la normativa.
El acuerdo se adopta al amparo del artículo 109 del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la Carrera Judicial. Según la fuente, el llamamiento procede en supuestos como ausencias prolongadas de titulares, incompatibilidad de determinados señalamientos, vacantes u otras necesidades del servicio que no puedan cubrirse por los mecanismos ordinarios de sustitución. La LOPJ y el Reglamento de la Carrera Judicial regulan su intervención.
No cambia ningún trámite ni plazo procesal para quien litiga en esos partidos: es una resolución de organización de recursos humanos. Lo que aporta es dato de cobertura: en esas seis sedes habrá estos cuatro sustitutos disponibles durante el año judicial 2026-2027.
La resolución es recurrible en vía contencioso-administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su publicación.
El turno de oficio pierde un 14,1% de letrados desde 2020
En paralelo, el Ministerio de Justicia ha decidido no prorrogar el refuerzo de la plaza 6 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Castellón, dedicada a cláusulas suelo. La Comisión Permanente del CGPJ acordó por unanimidad reclamar al Ministerio una Comisión Mixta urgente y exigir que reconsidere la supresión del personal de refuerzo especializado. Si no se revierte, durante el segundo semestre de 2026 quedarán suspendidos unos 12.500 expedientes en España; según la Inspección, entre 5.420 y 5.520 en la Comunidad Valenciana, la más afectada. La Generalitat cifra en 18 de los 72 refuerzos suprimidos los que perdería el territorio valenciano. Asufin denuncia ya paralizaciones en los 62 juzgados especializados y plazos de cinco a ocho años.
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó la creación de 58 plazas de jueces y 20 de fiscales en la Comunidad Valenciana. La fuente no indica publicación en el BOE: constan como aprobadas por el Consejo de Ministros, sin fecha de efecto.
El presidente y el secretario de gobierno del TSJCV se reunieron con el Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores para mejorar la atención a estos profesionales tras la entrada en vigor de la Ley 1/2025, que instaura los Tribunales de Instancia. Fue una reunión para resolver incidencias; no se anuncia ningún cambio de trámite.
El CGPJ examina el 16 y 18 de noviembre a 28 aspirantes al Supremo
La plaza nace del Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, publicado en el BOE el 9 de julio y en vigor desde el 10 de julio. Su artículo 3 dota dos plazas de magistrado en la Sala Segunda, además de tres en la Sala Primera y dos en la Cuarta, siete en total en el Supremo. Es decir, el real decreto prevé dos plazas para la sala penal; la noticia solo menciona una, la de turno general que ahora se examina, y no aclara el destino de la otra. Se trata de plazas de nueva creación, no de vacantes por jubilación ni fallecimiento, y amplían la plantilla de la sala.
Según Moncloa.com, la comparecencia personal es un trámite previsto en la normativa del Consejo, y entre los criterios a ponderar figuran la antigüedad en la carrera, el ejercicio de funciones jurisdiccionales en órganos colegiados, la producción doctrinal y la especialización penal.
No altera ningún trámite procesal. Interesa por su efecto sobre la composición de las secciones de la Sala Segunda: según el mismo medio, sus efectos doctrinales no se notarán de inmediato y dependerán de la asignación de ponencias y de la composición de las secciones tras la toma de posesión del designado.
El TEAC fija cómo embarga Hacienda el saldo de las cuentas bancarias
Según recogió EFE, Hacienda analiza la cuenta e identifica los saldos que proceden de cantidades embargables. Si los hay, «la totalidad de dicho saldo será embargable», sin limitarlo a porcentajes. Si el análisis no permite determinar el origen del saldo, la Agencia presume que primero se gastó el inembargable; el remanente sí es embargable, aplicando los porcentajes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El artículo 607 LEC declara inembargable el salario, sueldo, pensión o retribución equivalente que no exceda del salario mínimo interprofesional, fijado en 2026 en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Por encima rige una escala acumulativa por tramos: 30 % entre el SMI y el doble; 50 % hasta el triple; 60 % hasta el cuádruple; 75 % hasta el quíntuple; y 90 % a partir de ahí. Cada porcentaje recae solo sobre la porción de cada tramo, no sobre el total.
En la práctica, el origen de los ingresos pasa a ser determinante: si el saldo procede de nóminas o pensiones, el artículo 607 delimita la parte protegida; si no puede acreditarse la procedencia, opera la presunción descrita. El texto no precisa los fundamentos de la resolución ni las resoluciones autonómicas contrarias.
El PP de León propone actualizar las retribuciones del turno de oficio
El Colegio trasladó su principal preocupación: cada vez más leoneses se acogen al turno de oficio, lo que, a su juicio, exige más medios y mejor retribución. Planteó reforzar la justicia gratuita incluso con una modificación de la normativa. El PP sostuvo que este servicio debe garantizar los derechos de los ciudadanos y retribuciones dignas a los profesionales que lo hacen posible.
La reunión abordó además la Ley 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Ambas partes coincidieron en que no ha logrado el objetivo de reducir la litigiosidad y en la necesidad de modificarla. También reclamaron que se publique el reglamento de la mutualidad, un trámite necesario para poder desarrollarla.
El programa electoral del PP, «Reconstrucción Nacional», recoge la creación de las plazas de jueces, fiscales, letrados y funcionarios de la Administración de Justicia necesarias para que responda a tiempo. Contempla también incentivos para las plazas de difícil cobertura y un impulso de la digitalización y del expediente electrónico en todo el territorio y en todas las jurisdicciones.
Por el PP participaron Ricardo Gavilanes, número dos de la lista al Congreso, y los candidatos al Senado Silvia Franco, Antonio Silván y Asunción Mayo.
Un magistrado interpela a los vocales progresistas del CGPJ
Según el texto, Preciado acusa a nueve vocales de ese sector de seguir las consignas del ministro Félix Bolaños. Entre sus afirmaciones recogidas: que Bolaños intentó dar instrucciones sobre a quién votar, que trató de impedir que el CGPJ eligiera libremente a su presidenta y que los vocales más afines al Ministerio querían controlar la Comisión Permanente. Dice también que se negó a seguir esas instrucciones y que lo convirtieron en «chivo expiatorio», y que Isabel Perelló se ha negado a seguir las directrices de Moncloa. El autor sostiene que los aludidos no han desmentido la denuncia.
Las preguntas piden explicaciones sobre la votación del presidente del CGPJ y los nombramientos de presidentes de Sala del Supremo, el rechazo a comunicados en defensa de la independencia judicial, los votos particulares en un expediente disciplinario contra dos magistrados por críticas al Gobierno, las filtraciones de votos en expedientes reservados, las declaraciones públicas de la vocal Argelia Queralt sobre el magistrado Peinado y las del vocal José María Fernández Seijo, así como su dimisión y posterior retirada. Otras cuestionan si pueden continuar en el cargo vocales que obedezcan consignas del Gobierno y si sus votos respondían a la expectativa de futuros cargos.
No cambia ningún trámite ni plazo. Lo relevante es la denuncia de Preciado, que el texto presenta como hechos aún por acreditar («de ser ciertos»), y el tono abiertamente político del autor, que enmarca todo en un ataque del Gobierno al Estado de derecho.