Edición #44 · 2026
Del 26 de octubre al 9 de noviembre
Buenos días,
Esta semana el protagonismo lo tienen la organización interna de la profesión y los tribunales ante casos de alto impacto. Por un lado, el CGPE ha respaldado la movilización por el reglamento de la Pasarela al RETA y ha reclamado a Justicia que convoque ya la segunda prueba de acceso a la Procura de 2026. Por otro, el Supremo ha admitido a trámite un recurso sobre comisiones de apertura, lo que puede marcar criterio en la práctica bancaria, y ha impuesto a BBVA las costas de apelación en un litigio sobre hipoteca multidivisa, aplicando su doctrina de diciembre de 2025. En paralelo, la instrucción del accidente ferroviario de Urda ha recaído en una jueza con poca experiencia en instrucción, lo que merece seguimiento.
La próxima semana conviene vigilar si Justicia responde a la petición del CGPE sobre la convocatoria de acceso y si el Ministerio avanza en el reglamento de la Pasarela. También el desarrollo de la instrucción de Urda y la fecha de la resolución del recurso de casación sobre comisiones.
Buena semana.
Las novedades
El CGPE apoya la concentración por el reglamento de la Pasarela
El Consejo General de Procuradores de España ha emitido un comunicado, fechado el 16 de octubre de 2026, en el que respalda la concentración convocada en Madrid para el sábado 17 de octubre por los colectivos de mutualistas de la Abogacía y la Procura. El objetivo de la protesta es exigir la aprobación del reglamento que ha de desarrollar la Ley de la Pasarela al RETA.
El comunicado no anuncia ninguna norma ni cambia plazo o trámite alguno: es un posicionamiento institucional. El Consejo General recuerda que ha trasladado sus reivindicaciones al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en las reuniones mantenidas. Insiste en dos puntos: que el reglamento no introduzca restricciones que desvirtúen la finalidad de la Ley y que contemple, dentro de los márgenes legales, las particularidades del sistema mutual de la Procura.
El Consejo pide que el reglamento se apruebe a la mayor brevedad y, en todo caso, antes de las próximas elecciones generales, para evitar que una eventual paralización de la actividad normativa retrase aún más la aplicación efectiva de la Ley. Reconoce la disposición al diálogo del Ministerio y las dificultades técnicas y jurídicas del desarrollo, pero defiende mantener el impulso de los trabajos.
El texto presenta el diálogo institucional y la expresión pública de las demandas como vías complementarias, y el Consejo reitera que seguirá actuando ante las administraciones competentes para lograr un desarrollo reglamentario lo más favorable posible para los procuradores. Lo firma su presidente, Alberto N. García Barrenechea.
El comunicado no anuncia ninguna norma ni cambia plazo o trámite alguno: es un posicionamiento institucional. El Consejo General recuerda que ha trasladado sus reivindicaciones al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en las reuniones mantenidas. Insiste en dos puntos: que el reglamento no introduzca restricciones que desvirtúen la finalidad de la Ley y que contemple, dentro de los márgenes legales, las particularidades del sistema mutual de la Procura.
El Consejo pide que el reglamento se apruebe a la mayor brevedad y, en todo caso, antes de las próximas elecciones generales, para evitar que una eventual paralización de la actividad normativa retrase aún más la aplicación efectiva de la Ley. Reconoce la disposición al diálogo del Ministerio y las dificultades técnicas y jurídicas del desarrollo, pero defiende mantener el impulso de los trabajos.
El texto presenta el diálogo institucional y la expresión pública de las demandas como vías complementarias, y el Consejo reitera que seguirá actuando ante las administraciones competentes para lograr un desarrollo reglamentario lo más favorable posible para los procuradores. Lo firma su presidente, Alberto N. García Barrenechea.
El CGPE exige a Justicia convocar ya la prueba de acceso de 2026
El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha remitido una comunicación urgente al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a la directora general para el Servicio Público de Justicia. Pide la publicación inmediata de la segunda convocatoria de la prueba de evaluación para el acceso a la Procura correspondiente a 2026. El escrito es de 29 de octubre de 2026.
El CGPE alega que no hay información sobre una convocatoria que considera imprescindible para incorporar nuevos profesionales y garantizar el relevo generacional. Reclama además un calendario estable y previsible que dé seguridad jurídica a los futuros procuradores y les permita planificar su acceso al ejercicio. Su presidente, Alberto García Barrenechea, señala que la situación afecta a numerosos aspirantes que ya han completado su formación y esperan una convocatoria oficial.
Junto a ello, el Consejo vuelve a pedir al Ministerio que culmine el desarrollo reglamentario de la Ley de Acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura. Según el CGPE, ese reglamento permitiría implantar una prueba de evaluación única para ambas profesiones, con la que se simplificarían los procedimientos de acceso y mejoraría la coordinación institucional.
No hay cambio de trámite ni de plazo: se trata de una reclamación de la corporación, sin respuesta del Ministerio recogida en la fuente. De momento no consta fecha de la segunda convocatoria de 2026, y la prueba única para Abogacía y Procura depende de un reglamento todavía pendiente. El CGPE anuncia que seguirá el asunto y trasladará a las autoridades las demandas de la profesión.
El CGPE alega que no hay información sobre una convocatoria que considera imprescindible para incorporar nuevos profesionales y garantizar el relevo generacional. Reclama además un calendario estable y previsible que dé seguridad jurídica a los futuros procuradores y les permita planificar su acceso al ejercicio. Su presidente, Alberto García Barrenechea, señala que la situación afecta a numerosos aspirantes que ya han completado su formación y esperan una convocatoria oficial.
Junto a ello, el Consejo vuelve a pedir al Ministerio que culmine el desarrollo reglamentario de la Ley de Acceso a las profesiones de la Abogacía y la Procura. Según el CGPE, ese reglamento permitiría implantar una prueba de evaluación única para ambas profesiones, con la que se simplificarían los procedimientos de acceso y mejoraría la coordinación institucional.
No hay cambio de trámite ni de plazo: se trata de una reclamación de la corporación, sin respuesta del Ministerio recogida en la fuente. De momento no consta fecha de la segunda convocatoria de 2026, y la prueba única para Abogacía y Procura depende de un reglamento todavía pendiente. El CGPE anuncia que seguirá el asunto y trasladará a las autoridades las demandas de la profesión.
El Supremo avisa de abuso de proceso si no se pacta en comisión
La Sección de Admisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (presidida por Ignacio Sancho Gargallo, con Nuria Auxiliadora Orellana Cano como ponente) ha admitido el recurso de casación 8646/2023 de Caja Laboral Popular contra la sentencia de la sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia de 5 de julio de 2023 (rollo 192/2022), sobre comisión de apertura. Aprecia interés casacional (art. 477.2.3.º LEC) y no ve causa de inadmisión en esta fase. Abre veinte días para que la parte recurrida formalice su oposición (art. 485 LEC). Contra el auto no cabe recurso.
Lo relevante está en el fundamento de derecho tercero. La Sala recuerda que es uno más entre miles de recursos pendientes sobre esta cláusula y que su jurisprudencia está, a su juicio, consolidada: cita las sentencias 816, 964, 965, 1621 y 1625. Considera que reiterarla en cada recurso «no tendría sentido» y exhorta a las partes a pactar la terminación del proceso durante el plazo de oposición, puesto que conocen de antemano el sentido de la resolución.
Añade una advertencia: el tribunal podría entender que la falta de acuerdo, salvo circunstancias que la justifiquen, constituye abuso de proceso, y lo tendría en cuenta al resolver sobre las costas.
No altera el trámite ni cambia la doctrina, y el aviso va en condicional: no hay sanción impuesta. Pero fija un criterio a considerar al valorar la continuidad de estos recursos, sobre todo para las entidades. Según la fuente, no es un caso aislado: un auto de 18 de febrero de 2026 recogía la misma referencia a los miles de recursos pendientes y a las mismas cinco sentencias.
Lo relevante está en el fundamento de derecho tercero. La Sala recuerda que es uno más entre miles de recursos pendientes sobre esta cláusula y que su jurisprudencia está, a su juicio, consolidada: cita las sentencias 816, 964, 965, 1621 y 1625. Considera que reiterarla en cada recurso «no tendría sentido» y exhorta a las partes a pactar la terminación del proceso durante el plazo de oposición, puesto que conocen de antemano el sentido de la resolución.
Añade una advertencia: el tribunal podría entender que la falta de acuerdo, salvo circunstancias que la justifiquen, constituye abuso de proceso, y lo tendría en cuenta al resolver sobre las costas.
No altera el trámite ni cambia la doctrina, y el aviso va en condicional: no hay sanción impuesta. Pero fija un criterio a considerar al valorar la continuidad de estos recursos, sobre todo para las entidades. Según la fuente, no es un caso aislado: un auto de 18 de febrero de 2026 recogía la misma referencia a los miles de recursos pendientes y a las mismas cinco sentencias.
La jueza instructora del accidente ferroviario de Urda se formó
Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), instruye el accidente ferroviario de Urda, con decenas de fallecidos. Juró el cargo hace ocho meses y tiene poca experiencia como instructora. Jueces y fiscales cántabros que siguieron sus primeros pasos la describen como «seria, exhaustiva, meticulosa y comprometida con su trabajo».
Aprobó las oposiciones en 2023 y pertenece a la 74ª promoción de la Escuela Judicial, de 121 nuevos jueces. Realizó la fase final de su formación en Santander: tres meses con su tutor, el magistrado Luis Sánchez Gall, en el Juzgado de Primera Instancia nº 7, y después en el de Instrucción nº 1, entonces a cargo de Jaime Parra.
El 27 de junio de 2025 juró como jueza sustituta ante la Sala de Gobierno del TSJ de Cantabria, apadrinada por Sánchez Gall, y el 2 de julio comenzó a ejercer en la plaza nº 6 del Tribunal de Instancia de Torrelavega, como jueza de sustitución y refuerzo. El CGPJ la nombró para Orgaz en enero de 2026; recibió el despacho de manos del rey el 3 de febrero en Barcelona y juró el cargo ante el TSJ de Castilla-La Mancha el 6 de febrero.
Sánchez Gall, hoy magistrado de lo Civil de la Audiencia Provincial de Vizcaya, afirma que «está perfectamente preparada para este reto» y señala que la Escuela Judicial imparte cursos de gestión de catástrofes. Su consejo, que no ha podido trasladarle aún: mantener la tranquilidad, la mente fría y estar ajena a las presiones.
No es una novedad normativa ni procesal: es un perfil de la instructora, sin efecto sobre trámites ni plazos.
Aprobó las oposiciones en 2023 y pertenece a la 74ª promoción de la Escuela Judicial, de 121 nuevos jueces. Realizó la fase final de su formación en Santander: tres meses con su tutor, el magistrado Luis Sánchez Gall, en el Juzgado de Primera Instancia nº 7, y después en el de Instrucción nº 1, entonces a cargo de Jaime Parra.
El 27 de junio de 2025 juró como jueza sustituta ante la Sala de Gobierno del TSJ de Cantabria, apadrinada por Sánchez Gall, y el 2 de julio comenzó a ejercer en la plaza nº 6 del Tribunal de Instancia de Torrelavega, como jueza de sustitución y refuerzo. El CGPJ la nombró para Orgaz en enero de 2026; recibió el despacho de manos del rey el 3 de febrero en Barcelona y juró el cargo ante el TSJ de Castilla-La Mancha el 6 de febrero.
Sánchez Gall, hoy magistrado de lo Civil de la Audiencia Provincial de Vizcaya, afirma que «está perfectamente preparada para este reto» y señala que la Escuela Judicial imparte cursos de gestión de catástrofes. Su consejo, que no ha podido trasladarle aún: mantener la tranquilidad, la mente fría y estar ajena a las presiones.
No es una novedad normativa ni procesal: es un perfil de la instructora, sin efecto sobre trámites ni plazos.
Queralt critica el reparto de comisiones del CGPJ pactado
Argelia Queralt, vocal del bloque progresista del CGPJ, cuestiona en una entrevista con Público la nueva composición interna del órgano de gobierno de los jueces. Es una opinión de parte, no una resolución ni una decisión del Consejo.
El pasado miércoles, el Pleno del CGPJ renovó su composición interna, según el texto, con el reparto de las comisiones. Salió adelante la propuesta del vocal propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, respaldada por los diez vocales del bloque conservador y por la presidenta del Consejo, Isabel Perelló. Como ocurrió hace un año, el reparto perjudicó al bloque progresista.
Los nueve vocales progresistas emitieron un comunicado en el que acusaron a Preciado de «entregar el Consejo del Poder Judicial a la derecha». Queralt, doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y exletrada del Tribunal Constitucional, sostiene que ese desequilibrio supone que «los conservadores, más Carlos Hugo, tienen mayor peso».
El texto sitúa el contexto: la «cogobernanza» surgida del nuevo mandato del CGPJ, iniciado en julio de 2024, se resquebrajó hace un año y la brecha interna no ha dejado de crecer.
No cambia ningún trámite ni plazo para quien litiga. Lo que la pieza documenta es el estado de las relaciones de poder dentro del Consejo y la posición de uno de sus vocales. El fragmento disponible no recoge el contenido concreto del reparto de comisiones ni el resto de las respuestas de la entrevista.
El pasado miércoles, el Pleno del CGPJ renovó su composición interna, según el texto, con el reparto de las comisiones. Salió adelante la propuesta del vocal propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, respaldada por los diez vocales del bloque conservador y por la presidenta del Consejo, Isabel Perelló. Como ocurrió hace un año, el reparto perjudicó al bloque progresista.
Los nueve vocales progresistas emitieron un comunicado en el que acusaron a Preciado de «entregar el Consejo del Poder Judicial a la derecha». Queralt, doctora en Derecho, profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y exletrada del Tribunal Constitucional, sostiene que ese desequilibrio supone que «los conservadores, más Carlos Hugo, tienen mayor peso».
El texto sitúa el contexto: la «cogobernanza» surgida del nuevo mandato del CGPJ, iniciado en julio de 2024, se resquebrajó hace un año y la brecha interna no ha dejado de crecer.
No cambia ningún trámite ni plazo para quien litiga. Lo que la pieza documenta es el estado de las relaciones de poder dentro del Consejo y la posición de uno de sus vocales. El fragmento disponible no recoge el contenido concreto del reparto de comisiones ni el resto de las respuestas de la entrevista.
El Supremo impone a BBVA las costas de apelación en una multidivisa
La Sala Primera del Tribunal Supremo, en la sentencia 1623/2026, de 16 de octubre, condena a BBVA a asumir las costas de segunda instancia en un litigio sobre una hipoteca multidivisa. Aplica el criterio que la propia Sala fijó en diciembre de 2025 sobre costas de apelación en procesos de cláusulas abusivas. El caso se conoce por la comunicación de Navas & Cusí.
El origen es una hipoteca multidivisa de 320.000 euros contratada en 2007 y un segundo préstamo hipotecario en euros, vinculado al primero, suscrito en 2011. En 2020, el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Guadalajara declaró la nulidad de las cláusulas multidivisa por falta de transparencia y ordenó recalcular el préstamo y devolver lo cobrado indebidamente, pero rechazó anular el segundo préstamo y no impuso costas. En 2023, la Audiencia Provincial de Guadalajara amplió la estimación: declaró nulo el segundo préstamo e impuso a la entidad las costas de primera instancia, aunque dejó a cada parte sus gastos en la apelación. Contra ese último pronunciamiento recurrieron los consumidores, y el Supremo les da la razón.
La doctrina aplicada impone las costas de segunda instancia al profesional cuando el consumidor necesita recurrir para no quedar vinculado por una cláusula abusiva y su recurso prospera, total o parcialmente. La Sala lo funda en el principio de efectividad del Derecho de la Unión (Directiva 93/13) y mantiene un tratamiento distinto para los recursos extraordinarios de casación e infracción procesal.
En la práctica, quien represente a consumidores puede contar con ese criterio al decidir si apela; quien represente a la entidad debe incluir en su valoración el riesgo de costas de segunda instancia.
El origen es una hipoteca multidivisa de 320.000 euros contratada en 2007 y un segundo préstamo hipotecario en euros, vinculado al primero, suscrito en 2011. En 2020, el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Guadalajara declaró la nulidad de las cláusulas multidivisa por falta de transparencia y ordenó recalcular el préstamo y devolver lo cobrado indebidamente, pero rechazó anular el segundo préstamo y no impuso costas. En 2023, la Audiencia Provincial de Guadalajara amplió la estimación: declaró nulo el segundo préstamo e impuso a la entidad las costas de primera instancia, aunque dejó a cada parte sus gastos en la apelación. Contra ese último pronunciamiento recurrieron los consumidores, y el Supremo les da la razón.
La doctrina aplicada impone las costas de segunda instancia al profesional cuando el consumidor necesita recurrir para no quedar vinculado por una cláusula abusiva y su recurso prospera, total o parcialmente. La Sala lo funda en el principio de efectividad del Derecho de la Unión (Directiva 93/13) y mantiene un tratamiento distinto para los recursos extraordinarios de casación e infracción procesal.
En la práctica, quien represente a consumidores puede contar con ese criterio al decidir si apela; quien represente a la entidad debe incluir en su valoración el riesgo de costas de segunda instancia.
La jueza de guardia en Orgaz instruye el choque de trenes de Urda
La instrucción del choque entre dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, ocurrido el miércoles 28 de octubre de 2026 junto a la estación de Urda (Toledo), recae en Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz. La competencia le ha correspondido por estar de guardia esa plaza, conforme al sistema ordinario de reparto, no por designación específica.
Ortiz Tiliakou es jueza de la 74ª promoción de la Escuela Judicial, con 121 nuevos jueces. Aprobó la oposición con el número 17 y 73,37 puntos (BOE, diciembre de 2023). Juró como sustituta ante la Sala de Gobierno del TSJ de Cantabria el 27 de junio de 2025 y ejerció desde el 2 de julio en la plaza 6 del Tribunal de Instancia de Torrelavega. El CGPJ aprobó su destino en Orgaz el 12 de enero de 2026; recibió el despacho el 3 de febrero de manos de Felipe VI y juró el cargo tres días después en Albacete. Es su primer destino como titular.
La magnitud del siniestro ha obligado a reforzar el juzgado. Mónica Iniesta Sampayo, titular de la plaza número 1 de Orgaz, colaborará en las diligencias, junto con magistrados especializados en emergencias, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses y personal de apoyo. Las primeras actuaciones son la identificación de las víctimas, el levantamiento de cadáveres y la conservación de pruebas. Después deberán esclarecerse las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades penales.
Ortiz Tiliakou seguirá siendo la jueza instructora, sin perjuicio de ese apoyo.
Ortiz Tiliakou es jueza de la 74ª promoción de la Escuela Judicial, con 121 nuevos jueces. Aprobó la oposición con el número 17 y 73,37 puntos (BOE, diciembre de 2023). Juró como sustituta ante la Sala de Gobierno del TSJ de Cantabria el 27 de junio de 2025 y ejerció desde el 2 de julio en la plaza 6 del Tribunal de Instancia de Torrelavega. El CGPJ aprobó su destino en Orgaz el 12 de enero de 2026; recibió el despacho el 3 de febrero de manos de Felipe VI y juró el cargo tres días después en Albacete. Es su primer destino como titular.
La magnitud del siniestro ha obligado a reforzar el juzgado. Mónica Iniesta Sampayo, titular de la plaza número 1 de Orgaz, colaborará en las diligencias, junto con magistrados especializados en emergencias, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses y personal de apoyo. Las primeras actuaciones son la identificación de las víctimas, el levantamiento de cadáveres y la conservación de pruebas. Después deberán esclarecerse las circunstancias del accidente y las posibles responsabilidades penales.
Ortiz Tiliakou seguirá siendo la jueza instructora, sin perjuicio de ese apoyo.
2.931 divorcios express en Galicia en 2025: vía judicial y notarial
Los órganos judiciales gallegos registraron en 2025 un total de 2.931 procedimientos de divorcio express, según el Servicio de Estadística del CGPJ. Los de mutuo acuerdo resistieron la caída general mejor que los contenciosos, que bajaron un 29,1%. El texto concentra la mayor parte en Vigo y A Coruña.
El divorcio de mutuo acuerdo no exige causa ni separación previa; el único requisito temporal es que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. Se puede tramitar por dos vías de idéntico resultado jurídico. La judicial se sigue ante los Juzgados de Primera Instancia o de Familia, con abogado y procurador, habitualmente uno de cada para ambas partes, con un coste aproximado de 500 euros. Solo hay comparecencia física en la ratificación, de cinco a diez minutos, y la sentencia o decreto llega entre uno y cuatro meses después de la presentación. La notarial está abierta a matrimonios sin hijos menores: escritura pública de igual validez, que puede cerrarse en pocos días, con un coste aproximado de 500 euros más los honorarios de la notaría.
Ninguna de las dos vías está sujeta a la mediación previa obligatoria que la Ley Orgánica 1/2025 impone a los procedimientos contenciosos.
La documentación de partida: certificado literal de matrimonio, DNI o NIE, volante de empadronamiento y, según el caso, libro de familia y certificados de nacimiento de los hijos. En el convenio regulador, si el Ministerio Fiscal o el juez detectan cláusulas ambiguas o incompletas, se ordena su corrección, lo que añade semanas o meses. Con hijos, en España el 42,5% de los divorcios se resolvieron en 2025 con custodia compartida (40,9% el año anterior), lo que obliga a precisar tiempos de convivencia y gastos extraordinarios.
El divorcio de mutuo acuerdo no exige causa ni separación previa; el único requisito temporal es que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. Se puede tramitar por dos vías de idéntico resultado jurídico. La judicial se sigue ante los Juzgados de Primera Instancia o de Familia, con abogado y procurador, habitualmente uno de cada para ambas partes, con un coste aproximado de 500 euros. Solo hay comparecencia física en la ratificación, de cinco a diez minutos, y la sentencia o decreto llega entre uno y cuatro meses después de la presentación. La notarial está abierta a matrimonios sin hijos menores: escritura pública de igual validez, que puede cerrarse en pocos días, con un coste aproximado de 500 euros más los honorarios de la notaría.
Ninguna de las dos vías está sujeta a la mediación previa obligatoria que la Ley Orgánica 1/2025 impone a los procedimientos contenciosos.
La documentación de partida: certificado literal de matrimonio, DNI o NIE, volante de empadronamiento y, según el caso, libro de familia y certificados de nacimiento de los hijos. En el convenio regulador, si el Ministerio Fiscal o el juez detectan cláusulas ambiguas o incompletas, se ordena su corrección, lo que añade semanas o meses. Con hijos, en España el 42,5% de los divorcios se resolvieron en 2025 con custodia compartida (40,9% el año anterior), lo que obliga a precisar tiempos de convivencia y gastos extraordinarios.