Bodas alerta del colapso social: señalamientos para 2029 y 2030

El CGPJ y ASNALA han puesto en marcha en la escuela de formación del Consejo un curso práctico de tres días que reúne a jueces y laboralistas. El programa aborda la incapacidad temporal, los indefinidos no fijos, la sucesión empresarial y otras formas de despido. No es norma ni criterio jurisdiccional: es una actividad formativa. La dirección académica corre a cargo de Alberto Novoa (Roca Junyent) y Óscar López, magistrado de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía en Granada.

En la primera jornada, Concepción Ureste, presidenta de la Sala Social del Supremo, analizó el impacto de los pronunciamientos del TEDH en el orden social. Después se trató el derecho procesal laboral, y Ramón Gallo, presidente de la Audiencia Nacional, cerró la sesión con cuestiones de derecho colectivo.

Lo más relevante para quien litiga en esta jurisdicción son las declaraciones de Ricardo Bodas, vocal del CGPJ. Admitió el colapso, con señalamientos de juicios para 2029 y 2030, y habló de un plan de choque del Consejo que será operativo en breve, sin detallar su contenido. Reprochó que no se usen de forma generalizada las herramientas contra la litigiosidad masiva: acumulación de autos, pleitos testigo y extensión de fallos. Y calificó de inadmisible que cada año se desistan más de cien mil asuntos de los cuatrocientos y pico mil que se resuelven, lo que a su juicio supone un uso artificioso de la jurisdicción.

Novoa, por su parte, anunció que se tratarán los problemas que genera la ley de eficiencia. Bodas citó como modelo replicable la mesa de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y precisó que depende de la voluntad política y de que los jueces quieran aplicarlo.