La decana del ICPV reclama actualizar aranceles: «no cubren el coste

Begoña Mollá, decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, denuncia que el arancel que perciben los procuradores —fijado por ley y del que no pueden salirse— «es ínfimo, ni siquiera cubre el coste de la vida». Mientras el coste de la vida «ha subido exponencialmente», los baremos de los procuradores han crecido solo un 3%, lo que obliga a muchos a buscar un segundo empleo para subsistir.

Mollá explica que, a diferencia de los abogados, que fijan sus honorarios libremente, los procuradores trabajan con aranceles reglados que no se han actualizado en proporción al IPC. A esto se suma el impacto de la supresión de la territorialidad: ahora un procurador puede actuar en toda España, lo que ha provocado «que mucha gente venga a Valencia tirando los precios», reduciendo el trabajo de los colegiados locales.

En materia de justicia gratuita, la decana valora positivamente los baremos en la Comunitat Valenciana, que «están muy bien abonados», aunque no alcanzan los aranceles ordinarios. Respecto a la ley de eficiencia procesal, la califica de «ley de deficiencia» y critica que haya entrado «demasiado de golpe», reestructurando «en muy pocos meses una organización judicial que viene funcionando desde 1881». Reclama que el Gobierno legisle «oyendo a los profesionales que pisamos los juzgados» y que facilite medios técnicos y económicos, y exige a la Generalitat más personal y cobertura de plazas vacantes.