La futura LECrim no afectará a procedimientos ya abiertos

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que sustituirá a la norma de 1882. El Ministerio Fiscal dirigirá la investigación penal, función que hasta ahora ejercía el juez de instrucción. La policía judicial dependerá funcionalmente de los fiscales. Se crea la figura del juez de garantías, que controlará el respeto a derechos fundamentales y validará decisiones como registros o prisiones preventivas.

La entrada en vigor está prevista para 2028. Según el ministro Bolaños, con esa fecha «los procesos actuales estarán resueltos, en un sentido o en otro», y se aplicará un régimen transitorio que no afectará a los asuntos ya abiertos. Ningún procedimiento en curso cambiará de sistema de instrucción.

La norma limita la acusación popular a personas o entidades con interés legítimo, excluyendo a partidos políticos y sindicatos. Actualiza los procedimientos de investigación para integrar pruebas digitales, biométricas y de ADN, y regula por primera vez la justicia restaurativa.

El fiscal general del Estado solo podrá ser cesado tras informe del CGPJ que acredite incumplimiento grave o reiterado de sus obligaciones. Su mandato se extiende a cinco años, dejando de coincidir con las legislaturas. Si la Junta de Fiscales de Sala discrepa del fiscal general por mayoría de tres quintos, prevalecerá el criterio de la sala.