El TC ampara a Piélagos: no cabe negar la casación autonómica
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en su Sentencia 65/2026, de 5 de octubre, estima el recurso de amparo 4213-2025 del Ayuntamiento de Piélagos y declara vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso al recurso. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cantabria había tenido por no preparado un recurso de casación por infracción de normativa autonómica (art. 86.3 LJCA) por imposibilidad de constituir la Sección de casación: con la plantilla reducida, los únicos magistrados disponibles eran los tres que habían dictado la resolución recurrida y, por imparcialidad objetiva (art. 219.11 LOPJ), no podían integrarla.
El TC rechaza que dificultades organizativas o de composición del órgano, estructurales o coyunturales, o la falta de una regla específica en el art. 86.3 LJCA para completar la sección en tribunales pequeños, funcionen como causa de inadmisión. Recuerda que la casación autonómica remite implícitamente al régimen de la casación estatal (STC 128/2018) y que cumple una función nomofiláctica y unificadora. La Sala de Cantabria negó el recurso en sí, sin ponderar esa función, y lo hizo sin causa legal. La sentencia distingue el ATC 41/2018, donde la inadmisión se apoyaba en que la resolución recurrida procedía del Pleno de la propia Sala y no en razones organizativas.
El fallo anula el auto de 7 de abril de 2025 y la providencia de 2 de mayo de 2025, y retrotrae las actuaciones para que la Sección de casación del TSJ de Cantabria dicte nueva resolución. No entra en el art. 14 ni en el juez predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Es una sentencia de amparo sobre un caso concreto, aunque aplica doctrina consolidada.