La DGSJFP confirma que el desglose por finca es exigible desde 2000

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha confirmado la nota de calificación del registrador de Morón de la Frontera que exigía desglosar, finca por finca, el importe de adjudicación en una ejecución hipotecaria seguida sobre once viviendas. El decreto judicial adjudicaba todas las fincas al ejecutante por una suma global coincidente con la deuda total, sin especificar la cantidad por cada finca ni distribuir los conceptos de principal, intereses y costas.

El registrador suspendió la inscripción por falta de ese desglose, necesario para comprobar que no se había sobrepasado la cantidad máxima asegurada y para determinar qué cargas posteriores quedaban subsistentes o extinguidas. El banco recurrente alegó que el auto de adjudicación era de 2009, anterior a la reforma de la LEC de 2013, y que al no existir sobrante el desglose resultaba innecesario. Añadió que el juzgado había denegado mediante decreto librar mandamiento adicional con ese detalle.

La DGSFJP rechaza el argumento: la obligación de desglosar el precio entre las distintas fincas ejecutadas no procede de la reforma de 2015, sino que está vigente desde la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 654 ya establecía que el precio del remate se entregara al ejecutante «a cuenta de la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución». La resolución confirma que el desglose es exigible aunque no exista sobrante, pues permite determinar el alcance de la responsabilidad hipotecaria sobre cada finca y el destino de las cargas posteriores.