El Supremo anula el decreto de universidades por la urgencia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, que modificaba el Real Decreto 640/2021 sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y otras tres normas conexas. Estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Illes Balears; según el Poder Judicial, también recurrieron Madrid, Aragón y el CEU, pero el comunicado del CGPJ solo menciona el de Baleares.

El vicio es de procedimiento, no de contenido. Según el CGPJ, el acuerdo de tramitación urgente no estaba debidamente justificado y, por ello, la omisión de la consulta pública previa carecía del amparo legal exigido. El artículo 26 de la Ley del Gobierno permite prescindir de esa consulta cuando se acuerda la tramitación urgente del artículo 27, que solo cabe por cumplimiento de un plazo del Derecho de la Unión o por circunstancias extraordinarias imprevisibles, y debe motivarse en la memoria del análisis de impacto normativo. El CGPJ no detalla en qué supuesto se amparó el Gobierno ni por qué la motivación fue insuficiente: eso quedará para el texto íntegro de la sentencia.

El decreto se publicó en el BOE el 8 de octubre de 2025 y entró en vigor el 28 de octubre, de modo que estuvo casi un año vigente. Incorporaba, entre otras exigencias, más de 4.500 estudiantes a los seis años del inicio de la actividad, una ratio de un profesor por cada 25 estudiantes y al menos un 50 % de doctores.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades respeta el fallo, subraya que el Supremo no ha entrado en el fondo, invoca el aval del Consejo de Estado y anuncia que trabaja en una nueva disposición.