El Supremo anula la ratificación de la sanción a una magistrada

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo del Pleno del CGPJ que desestimó el recurso de alzada de la magistrada del entonces Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Palencia. La Comisión Disciplinaria, el 19 de febrero de 2025, le había impuesto un mes de funciones por infracción muy grave del artículo 417.9 LOPJ (retraso injustificado y reiterado en la tramitación o resolución de procesos). Constató veintiuna resoluciones pendientes, algunas con demoras superiores a tres años, y un incidente de nulidad en una ejecución hipotecaria sin resolver desde febrero de 2022.

El Pleno rechazó valorar la documentación médica porque se aportó por primera vez en la alzada. El ponente, Carlos Lesmes, sostiene que no podía eludir su examen por el momento procesal: citando la STC 35/2026, la alzada ante el Pleno es una vía de reconsideración interna de configuración autónoma, y la culpabilidad debe apreciarse con toda la prueba obrante al resolver. La documentación afectaba a la existencia del presupuesto subjetivo de la sanción y al derecho a la igualdad y no discriminación por discapacidad. La resolución tampoco ponderó la condición de víctima de violencia de género alegada.

El fallo es limitado: la sentencia no declara que la enfermedad influyera en los hechos ni deja sin efecto la sanción de forma definitiva. Anula solo el acuerdo del Pleno y ordena dictar uno nuevo que valore la documentación médica y psicológica, practique en su caso diligencias de comprobación y examine la procedencia de ajustes razonables y su incidencia en la culpabilidad y la proporcionalidad. Hasta entonces, la sanción queda en suspenso.