Edición #43 · 2026
Del 19 de octubre al 26 de octubre
Buenos días,
La semana cierra con las ejecuciones hipotecarias como centro de la práctica. El Tribunal Supremo ha marcado un rumbo claro: el tipo de subasta puede fijarse al 75% de la tasación, corrigiendo así la Dirección General. Esta resolución importa porque amplía márgenes en la negociación de las subastas judiciales y aleja criterios rígidos que limitaban opciones en procedimientos ejecutivos sobre inmuebles hipotecados.
Paralela a esta corrección técnica corre una preocupación estructural: procuradores y abogados denuncian que sus aranceles no cubren costes básicos mientras la vida sube exponencialmente. El sector pide un pacto estatal duradero que vaya más allá de legislaturas.
La próxima semana atenderemos cómo se concreta la formalización de las subidas pactadas en el turno de oficio y si prospera el diálogo sobre reforma de la ejecución.
Buena semana.
Las novedades
Procuradores valencianos critican la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia
La decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, Begoña Mollá, ha criticado la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia durante el acto del 150 aniversario de la institución. Mollá ha denunciado que la norma ha sido diseñada «por quien nunca ha pisado un tribunal y desconoce cuál es la realidad de nuestros órganos judiciales», y ha cuestionado que se legisle «para los profesionales de la justicia, pero sin escuchar suficientemente a los profesionales de la justicia».
La decana ha advertido del riesgo de que la reforma termine «deshumanizando la justicia, invisibilizando a sus profesionales y alejando a los ciudadanos de los tribunales». Ha rechazado que la modernización se limite a cambiar nombres y estructuras, señalando que modificar la denominación de un órgano judicial no elimina los retrasos ni garantiza que se resuelvan los problemas existentes. Ha añadido que las dificultades se agravan en comunidades con competencias transferidas, como la valenciana, que deben afrontar los cambios con los presupuestos disponibles.
Mollá también ha reivindicado la mejora de la atención a los procuradores en los órganos judiciales. Ha denunciado las dificultades para comunicarse con los juzgados y ha defendido que no solicitan privilegios, sino condiciones básicas para desarrollar su trabajo: «Resulta profundamente injusto que quienes contribuimos al funcionamiento de la justicia tengamos que reclamar, una y otra vez, algo tan elemental como ser atendidos, escuchados y respetados».
La decana ha advertido del riesgo de que la reforma termine «deshumanizando la justicia, invisibilizando a sus profesionales y alejando a los ciudadanos de los tribunales». Ha rechazado que la modernización se limite a cambiar nombres y estructuras, señalando que modificar la denominación de un órgano judicial no elimina los retrasos ni garantiza que se resuelvan los problemas existentes. Ha añadido que las dificultades se agravan en comunidades con competencias transferidas, como la valenciana, que deben afrontar los cambios con los presupuestos disponibles.
Mollá también ha reivindicado la mejora de la atención a los procuradores en los órganos judiciales. Ha denunciado las dificultades para comunicarse con los juzgados y ha defendido que no solicitan privilegios, sino condiciones básicas para desarrollar su trabajo: «Resulta profundamente injusto que quienes contribuimos al funcionamiento de la justicia tengamos que reclamar, una y otra vez, algo tan elemental como ser atendidos, escuchados y respetados».
Fuente Valencia News · 24 oct 2026 · Los procuradores valencianos critican la Ley de Eficiencia Judicial
El TS permite fijar tipo de subasta judicial al 75% de la tasación
El Tribunal Supremo corrige a la Dirección General de Seguridad Jurídica y del Notariado y establece que en ejecuciones judiciales hipotecarias el tipo de subasta puede fijarse en el 75% del valor de tasación. La DGSJFP había sostenido que cualquier procedimiento ejecutivo sobre inmueble hipotecado debía partir de un tipo que no sobrepasara el 100% de la tasación, sin distinguir la vía.
El TS distingue entre ejecución judicial y extrajudicial: en la primera el límite mínimo es el 75%; en la notarial, el 100%. El Alto Tribunal argumenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil mantiene vigente el porcentaje del 75% y el legislador, pese a modificar la normativa hipotecaria sobre tipos de subasta a lo largo de los años, no alteró el artículo procesal civil.
En el caso resuelto, el registrador había rechazado la inscripción por considerar que el valor mínimo debía ser el mismo en ejecución judicial que extrajudicial. El TS rechaza ese criterio: si la escritura solo prevé ejecución judicial, la mercantil puede inscribir la hipoteca con tipo fijado al 75% de la tasación y fundamentar sobre ese porcentaje una eventual subasta del inmueble.
La sentencia afecta directamente a la práctica registral en constitución de hipotecas que opten por la vía judicial como única forma de ejecución.
El TS distingue entre ejecución judicial y extrajudicial: en la primera el límite mínimo es el 75%; en la notarial, el 100%. El Alto Tribunal argumenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil mantiene vigente el porcentaje del 75% y el legislador, pese a modificar la normativa hipotecaria sobre tipos de subasta a lo largo de los años, no alteró el artículo procesal civil.
En el caso resuelto, el registrador había rechazado la inscripción por considerar que el valor mínimo debía ser el mismo en ejecución judicial que extrajudicial. El TS rechaza ese criterio: si la escritura solo prevé ejecución judicial, la mercantil puede inscribir la hipoteca con tipo fijado al 75% de la tasación y fundamentar sobre ese porcentaje una eventual subasta del inmueble.
La sentencia afecta directamente a la práctica registral en constitución de hipotecas que opten por la vía judicial como única forma de ejecución.
El Supremo discrepa de la Administración en ejecuciones hipotecarias
El Tribunal Supremo ha dictado una resolución que contradice el criterio de la Administración en materia de ejecuciones hipotecarias. Sin acceso al texto no se puede precisar qué punto concreto está en conflicto ni qué órgano administrativo sostiene el criterio opuesto.
Resoluciones de justicia gratuita notificadas por edicto en Bizkaia
El Departamento de Justicia del País Vasco ha publicado resoluciones de asistencia jurídica gratuita en Bizkaia y Gipuzkoa mediante edictos en el Boletín Oficial del Estado. Afecta a decenas de expedientes en los que no ha sido posible la notificación personal.
Las resoluciones incluyen denegaciones y revocaciones de la asistencia jurídica gratuita. Los efectos legales de la notificación por edicto se producen desde el día siguiente a la publicación en el BOE.
Si tienes un expediente en trámite en cualquiera de las dos provincias, consulta el listado del BOE correspondiente. La notificación por esta vía tiene plenos efectos jurídicos: abre plazo para recurrir o aceptar la resolución según proceda.
Las resoluciones incluyen denegaciones y revocaciones de la asistencia jurídica gratuita. Los efectos legales de la notificación por edicto se producen desde el día siguiente a la publicación en el BOE.
Si tienes un expediente en trámite en cualquiera de las dos provincias, consulta el listado del BOE correspondiente. La notificación por esta vía tiene plenos efectos jurídicos: abre plazo para recurrir o aceptar la resolución según proceda.
Fuente boletinbien.com · 23 oct 2026 · Notificaciones pendientes de justicia gratuita en Bizkaia y Gipuzkoa
La decana del ICPV reclama actualizar aranceles: «no cubren el coste
Begoña Mollá, decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, denuncia que el arancel que perciben los procuradores —fijado por ley y del que no pueden salirse— «es ínfimo, ni siquiera cubre el coste de la vida». Mientras el coste de la vida «ha subido exponencialmente», los baremos de los procuradores han crecido solo un 3%, lo que obliga a muchos a buscar un segundo empleo para subsistir.
Mollá explica que, a diferencia de los abogados, que fijan sus honorarios libremente, los procuradores trabajan con aranceles reglados que no se han actualizado en proporción al IPC. A esto se suma el impacto de la supresión de la territorialidad: ahora un procurador puede actuar en toda España, lo que ha provocado «que mucha gente venga a Valencia tirando los precios», reduciendo el trabajo de los colegiados locales.
En materia de justicia gratuita, la decana valora positivamente los baremos en la Comunitat Valenciana, que «están muy bien abonados», aunque no alcanzan los aranceles ordinarios. Respecto a la ley de eficiencia procesal, la califica de «ley de deficiencia» y critica que haya entrado «demasiado de golpe», reestructurando «en muy pocos meses una organización judicial que viene funcionando desde 1881». Reclama que el Gobierno legisle «oyendo a los profesionales que pisamos los juzgados» y que facilite medios técnicos y económicos, y exige a la Generalitat más personal y cobertura de plazas vacantes.
Mollá explica que, a diferencia de los abogados, que fijan sus honorarios libremente, los procuradores trabajan con aranceles reglados que no se han actualizado en proporción al IPC. A esto se suma el impacto de la supresión de la territorialidad: ahora un procurador puede actuar en toda España, lo que ha provocado «que mucha gente venga a Valencia tirando los precios», reduciendo el trabajo de los colegiados locales.
En materia de justicia gratuita, la decana valora positivamente los baremos en la Comunitat Valenciana, que «están muy bien abonados», aunque no alcanzan los aranceles ordinarios. Respecto a la ley de eficiencia procesal, la califica de «ley de deficiencia» y critica que haya entrado «demasiado de golpe», reestructurando «en muy pocos meses una organización judicial que viene funcionando desde 1881». Reclama que el Gobierno legisle «oyendo a los profesionales que pisamos los juzgados» y que facilite medios técnicos y económicos, y exige a la Generalitat más personal y cobertura de plazas vacantes.
La DGSJFP admite cancelar la hipoteca flotante por vencimiento
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública revoca la nota de calificación de un registrador que denegó la cancelación de una hipoteca flotante por vencimiento del plazo pactado. En un supuesto de hipoteca de máximo constituida en 2012 con plazo de seis años, el registrador suspendió la cancelación por considerar que no quedaba claro si el plazo era de caducidad automática o un mero plazo de cobertura. Alegó que la cláusula «hasta esta última fecha, incluida, podrán adeudarse en el saldo garantizado débitos derivados del incumplimiento» impedía interpretar con certeza la naturaleza del plazo.
La DGSJFP distingue entre hipotecas del artículo 153 LH y del 153 bis LH. En las primeras el plazo pactado es del crédito, y la hipoteca solo podrá cancelarse por caducidad tras veintiún años desde el fin de las prórrogas posibles. En las hipotecas flotantes el plazo estipulado es de la hipoteca misma, por lo que la inscripción podrá cancelarse llegado el término pactado mediante el artículo 82.2 LH.
En el caso, la escritura garantizaba dos obligaciones distintas sin novación, establecía cuenta especial de liquidación con carácter meramente instrumental, fijaba plazo máximo de duración de la hipoteca y remitía expresamente al artículo 153 bis LH. La Resolución concluye que se trata de una hipoteca flotante y que, vencido el plazo de seis años sin que conste nota marginal de ejecución iniciada, procede su cancelación automática.
Resolución de 6 de julio de 2026.
La DGSJFP distingue entre hipotecas del artículo 153 LH y del 153 bis LH. En las primeras el plazo pactado es del crédito, y la hipoteca solo podrá cancelarse por caducidad tras veintiún años desde el fin de las prórrogas posibles. En las hipotecas flotantes el plazo estipulado es de la hipoteca misma, por lo que la inscripción podrá cancelarse llegado el término pactado mediante el artículo 82.2 LH.
En el caso, la escritura garantizaba dos obligaciones distintas sin novación, establecía cuenta especial de liquidación con carácter meramente instrumental, fijaba plazo máximo de duración de la hipoteca y remitía expresamente al artículo 153 bis LH. La Resolución concluye que se trata de una hipoteca flotante y que, vencido el plazo de seis años sin que conste nota marginal de ejecución iniciada, procede su cancelación automática.
Resolución de 6 de julio de 2026.
El CGPE reclama un pacto de Estado y una reforma de la ejecución
El Consejo General de Procuradores de España ha pedido un Pacto Nacional por la Justicia que trascienda legislaturas y permita abordar los problemas estructurales del sistema judicial. La propuesta, formulada por su presidente Alberto García Barrenechea durante la Fiesta de la Procura 2026 en el Ateneo de Madrid, pone el acento en la necesidad de reformar la ejecución de sentencias como prioridad.
García Barrenechea advirtió de que el elevado número de ejecuciones pendientes afecta a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y la actividad económica. Según defendió, sin ejecución no hay tutela efectiva plena ni democracia fuerte. La Procura sostiene que sus profesionales deben participar en la modernización de los procedimientos de ejecución, ámbito en el que considera que su experiencia procesal puede mejorar la eficacia del sistema.
El pacto que propone el CGPE debería incluir mayor inversión en medios materiales y humanos, formación, tecnología y planificación estratégica de las reformas. García Barrenechea subrayó la responsabilidad de las organizaciones profesionales de aportar soluciones y contribuir al debate público.
Durante la ceremonia se entregó el Premio Convivencia y Tolerancia a la Audiencia Nacional, que cumplirá cincuenta años en 2027. García Barrenechea destacó la colaboración de la institución con los procuradores y su contribución al Estado de derecho.
García Barrenechea advirtió de que el elevado número de ejecuciones pendientes afecta a la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y la actividad económica. Según defendió, sin ejecución no hay tutela efectiva plena ni democracia fuerte. La Procura sostiene que sus profesionales deben participar en la modernización de los procedimientos de ejecución, ámbito en el que considera que su experiencia procesal puede mejorar la eficacia del sistema.
El pacto que propone el CGPE debería incluir mayor inversión en medios materiales y humanos, formación, tecnología y planificación estratégica de las reformas. García Barrenechea subrayó la responsabilidad de las organizaciones profesionales de aportar soluciones y contribuir al debate público.
Durante la ceremonia se entregó el Premio Convivencia y Tolerancia a la Audiencia Nacional, que cumplirá cincuenta años en 2027. García Barrenechea destacó la colaboración de la institución con los procuradores y su contribución al Estado de derecho.
El Colegio de La Rioja reclama que se formalice la subida pactada
El Colegio de la Abogacía de La Rioja pide a la Dirección General de Justicia e Interior que dicte una resolución formalizando el incremento anual de los baremos del turno de oficio. Según el decano Federico Bravo, en 2025 se pactó una subida de las retribuciones tras años congeladas y un mecanismo de actualización automática anual vinculado al alza de los funcionarios, pero ese acuerdo no ha quedado reflejado en ningún texto oficial. El Colegio reclama ahora esa resolución para evitar disfunciones y que futuros equipos de Gobierno deban recordar lo pactado.
Por otro lado, desde abril de 2025 están en vigor los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), obligatorios antes de interponer ciertas demandas por la Ley de Eficiencia, y La Rioja aún no ha regulado cómo retribuir esa intervención a los letrados del turno de oficio. El Colegio propuso en marzo de 2026 un baremo equivalente al 125 % del procedimiento judicial que se evite, siguiendo el modelo entonces en negociación para territorio común. La Administración riojana no ha contestado ni convocado reunión para tratar el asunto.
Mientras, el real decreto que fija esos baremos en territorio común ya está en vigor, y comunidades limítrofes como Navarra, Aragón y Madrid han adaptado su marco retributivo. La Rioja mantiene la obligación de prestar el servicio sin baremo que lo regule.
Por otro lado, desde abril de 2025 están en vigor los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), obligatorios antes de interponer ciertas demandas por la Ley de Eficiencia, y La Rioja aún no ha regulado cómo retribuir esa intervención a los letrados del turno de oficio. El Colegio propuso en marzo de 2026 un baremo equivalente al 125 % del procedimiento judicial que se evite, siguiendo el modelo entonces en negociación para territorio común. La Administración riojana no ha contestado ni convocado reunión para tratar el asunto.
Mientras, el real decreto que fija esos baremos en territorio común ya está en vigor, y comunidades limítrofes como Navarra, Aragón y Madrid han adaptado su marco retributivo. La Rioja mantiene la obligación de prestar el servicio sin baremo que lo regule.