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El Otrosí
Boletín jurídico semanal
19 de octubre de 2026

Sentencia BOE

El TC rechaza examinar independencia del CGPJ en sanción disciplinaria

El TC ha desestimado el recurso de amparo 3392-2025, interpuesto por una magistrada sancionada con seis meses de suspensión de funciones por retraso reiterado en la tramitación (art. 417.9 LOPJ). La recurrente alegaba vulneración del derecho a un tribunal independiente (art. 24.1 CE) porque los vocales del CGPJ que la sancionaron no fueron elegidos por sus pares, invocando jurisprudencia del TEDH y del TJUE.

El TC inadmite el recurso por falta de agotamiento de la vía judicial previa: la demandante no solicitó cuestión prejudicial ante el TJUE ni planteó cuestión de inconstitucionalidad en el proceso contencioso-administrativo. Reproduce su doctrina consolidada: el art. 24 CE no exige que los vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por jueces, y el sistema de designación parlamentaria no compromete la independencia del órgano sancionador. Cita sus SSTC 108/1986 y 45/2023.

Sobre el fondo disciplinario, avala el criterio del TS: elevadísima pendencia acreditada por inspecciones virtuales de 2021 a 2023, ausencia de prueba sobre causas justificativas (no se solicitó el recibimiento a prueba en vía contencioso-administrativa), y proporcionalidad de la sanción (mínimo de la horquilla legal de hasta tres años). La magistrada ya había sido sancionada en 2020 por idéntica falta.

La sentencia 57/2026, de la Sala Primera (ponente Enríquez Sancho), confirma que el incumplimiento de plazos procesales sin causa probada es sancionable aunque se cumplan módulos estadísticos.

Fuente Boletín Oficial del Estado · Sala Primera. Sentencia 57/2026, de 20 de julio de 2026. Recurso de amparo 3392-2025. Promovido por doña Laura de Mateo Garma respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en proceso ordinario frente a la imposición de una sanción disciplinaria por el Consejo General del Poder Judicial. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías: resoluciones judiciales que motivan de forma detallada y razonable la concurrencia del requisito de culpabilidad en la conducta ilícita objeto de sanción.

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